Ha salido publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 06-12-2016 (G.O. N° 41.046), la Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo N° 10005 de fecha 01-12-2016, que contiene la creación de Inspectorías del Trabajo de Sanción Estadales.

Ver Resolución en: http://www.juris-line.com.ve/ data/files/3695.pdf

En tal sentido se hace necesario analizar brevemente su contenido y efecto al seno de las entidades de trabajo.

 

Antecedentes

Según la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2015 presentada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo ante la Asamblea Nacional, se señalaba que en el marco del proceso de descongestión de las Inspectorías del Trabajo en el período enero-agosto del año 2015, se diseñó y ejecutó un “Plan de Puesta al Día en Materia de Sanción”, en el cual se elaboraron propuestas de providencias administrativas derivadas de procedimientos sancionatorios de 3.400 expedientes provenientes de 8 jurisdicciones del país. En una segunda etapa durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre del año 2015, se constituyeron equipos de trabajo que realizaron 1.121 propuestas de providencias administrativas derivadas de procedimientos sancionatorios en apoyo en las Salas de Sanciones de las Inspectorías del Trabajo de 7 estados del país, ello como parte de la marcha del proceso que daría lugar a la desconcentración de las Inspectorías según su ámbito de competencia.

Ver informe en:

http://www.asambleanacional. gob.ve/uploads/documentos/doc_ 16993a65e6b04fd1b98a138add3eca d3c57a8c81.pdf

 

De allí que por Resolución N° 9.314 de fecha 01-09-2015 (G.O. N° 40.741 de fecha 08-09-2015), el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo estableció una nueva estructura para las Inspectorías del Trabajo a nivel nacional, denominado Plan de Actualización del Sistema de Administración de Justicia de Trabajo en Sede Administrativa (PASJTSA), que se configuró en la creación de las Inspectorías del Trabajo de Derechos Colectivos, Inspectorías del Trabajo de Sanciones e Inspectorías del Trabajo de Derechos Individuales y en caso de que fuera necesario fortalecer la capacidad de respuesta en materia de Derechos Individuales, con ocasión de procedimientos y volumen de trabajo que se determinen, podrían ser organizadas mediante Resolución en Inspectoría de Reclamos e Inspectoría de Trabajo de Inamovilidad (artículo 3).

Ver Resolución en:

http://www.mp.gob.ve/c/ document_library/get_file?p_l_ id=10240&folderId=9468362& name=DLFE-9305.pdf

 

Análisis

  1. En el tercer CONSIDERANDO de la referida Resolución N° 10005 de fecha 01-12-2016 que contiene la creación de Inspectorías del Trabajo de Sanción Estadales, se indica que es para “profundizar la ofensiva contra la guerra económica”[1]; lo que implica a priori un juicio de valor por parte del ente gubernamental del trabajo, en cuanto a que las actuaciones en que pudieren incurrir los patronos encuadradas en infracciones a la legislación laboral tienen un trasfondo político para afectar al Gobierno; ello se considera fuera de lugar –salvo mejor criterio en contrario- derivado de:
    • (a) La motivación de una disposición regulatoria de carácter laboral no puede estar sujeta a conceptos ideológicos, aun cuando tenemos múltiples ejemplos en el ámbito laboral como las fuentes del derecho del trabajo contenidas en el literal h) del artículo 16 de la LOTTT en cuanto al “ideario Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano”, o el de esta misma ley en su Disposición Transitoria Segunda cuando al referirse al tiempo de servicio para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores activos al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, será el transcurrido a partir del 19 de junio de 1997, “fecha nefasta en que les fue conculcado el derecho a prestaciones sociales proporcionales al tiempo de servicio con base al último salario”, aun cuando esa actuación de 1997 fue producto de un acuerdo tripartito en el marco de los Convenios de la OIT.
    • (b) Implica una violación al principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 49 del texto constitucional, pues si por ejemplo un patrono calcula erróneamente unas prestaciones sociales o deja de pagar una hora extraordinaria, y en consecuencia es sancionado, ¿se entiende que esta actuación de carácter administrativa per se ya forma parte de esa guerra económica?; y
    • (c) Cabria preguntarse ¿sería aplicable el término de guerra económica cuando un ente oficial sea el sancionado por infracciones laborales?
  2. En su artículo 1 se establece la creación de una Inspectoría del Trabajo de Sanción en los Estados Falcón, Bolívar, Zulia, Yaracuy y Distrito Capital. Ello implica que gradualmente se irán creando estas mismas dependencias oficiales en otras entidades del país.
  3. En su artículo 2 se establece entre sus funciones, el sustanciar y decidir los procedimientos sancionatorios incoados en contra de las entidades de trabajo que persistan con los incumplimientos de la normativa legal en materia “Laboral, Empleo, Seguridad Social, Salud y Seguridad Laboral”.Aquí se presenta un aspecto importante a resaltar, en cuanto a la incompetencia de estas nuevas Inspectorías del Trabajo de Sanción de poder conocer, tramitar y decidir procedimientos sancionatorios en materia de seguridad y salud laboral, ya que el facultado para llevar a cabo este procedimiento  sancionador en forma exclusiva y excluyente es el INPSASEL según lo previsto en el artículo 133 de la LOPCYMAT: “La competencia para sancionar las infracciones administrativas por incumplimiento de las normas previstas en esta Ley, corresponde al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales”[2].          Siendo la norma atributiva de competencia al INPSASEL una ley de carácter orgánica, y siendo la presente una Resolución de carácter sub-legal (acto administrativo cuya jerarquía está contenida en el artículo 14 de la LOPA), en una aplicación del principio de jerarquía de las normas jurídicas (ninguna norma podrá vulnerar lo establecido en una de superior jerarquía) o principio de “lex superior derogat inferior”, no puede esta Inspectoría del Trabajo de Sanción tramitar procedimiento ni sancionar ninguna infracción en materia de seguridad y salud laboral en que pudiere incurrir un patrono, so pena de ser declarada dicha actuación en vía jurisdiccional como nula de nulidad absoluta.
  4.  En su artículo 4 establece entre sus funciones (numeral 3) solicitar la intervención del Ministerio Público en caso de incumplimiento del pago de la multa por parte del patrono.  Esta disposición intenta desarrollar el literal g) del artículo 547 de la LOTTT, que señala: “(…) g) Si el multado o la multada no pagare la multa dentro del término que hubiere fijado el funcionario o funcionaria, éste se dirigirá de oficio al Ministerio Público, para que dicha autoridad ordene el arresto correspondiente. En todo caso, el multado o la multada podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago”. Sobre este punto ya la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia declaró, con carácter vinculante, desaplicar por control difuso de la constitucionalidad el arresto sustitutivo por la no cancelación de la multa contenido en el literal g) del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997, no pudiendo en consecuencia aplicarse bajo ningún supuesto (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 07-03-2007, N° 379, Magistrada ponente Luisa Estella Morales Lamuño, caso REPRESENTACIONES PIEL DORIO en consulta de sentencia, disponible en la página Web del TSJ). Pero se observa como en la LOTTT en el citado literal g) del artículo 547, vuelve a insistir en la sanción de arresto del patrono contumaz en el pago de la multa vencidos como hayan sido los cinco días para el pago voluntario de la misma –a criterio propio desacatando la posición asentada por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país-, pero con una variante, en cuanto a que el Inspector del Trabajo no lo va a solicitar al respectivo Juez de Municipio (como lo establecía el literal g del artículo 647 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo), sino al Ministerio Público.
  5.  En su artículo 4 establece entre sus funciones (numeral 4), el conocer los casos de reincidencia de incumplimiento por parte de los patronos. La reincidencia es una figura contenida en el artículo 540 de la LOTTT, que señala: “En caso de que un infractor o una infractora al que se refieren los artículos anteriores reincida en el hecho que se le imputa, la pena prevista para la infracción se aumentará en la mitad”.
  6. En su artículo 7 la citada Resolución ministerial señala la supresión de las Salas de Sanción de las actuales Inspectorías, transfiriendo sus atribuciones asi como la tramitación sustanciación y decisión de los actuales procedimientos a las creadas Inspectorías del Trabajo de Sanción.
  7.  Finalmente no puede dejarse de denunciar en el contexto del análisis referido a la actividad sancionatoria de estas nuevas Inspectorías del Trabajo, el contenido del artículo 547 de los literales c) y d) de la LOTTT que establecen el lapso para formular alegatos de defensa por parte del presunto infractor, y lapso probatorio para promover y evacuar pruebas (respectivamente), dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia laboral.

El artículo 647 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Extraordinario N° 4.240, de fecha 20-12-1990); el artículo 647 literal c) de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Extraordinario N° 5.152, de fecha 19-06-1997); y el artículo 638 literal c) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo del año 2011 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Extraordinario N° 6.024, de fecha 06-05-2011); establecían en cuanto al lapso para formular alegatos de defensa el presunto infractor, de ocho días hábiles.

Pero con la promulgación de la LOTTT, se estableció una desmejora del derecho a la defensa en contra del presunto infractor –derecho contenido en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, al reducir este lapso de defensa a cinco días hábilessegún lo previsto en el literal c) del artículo 547 de la citada ley laboral, violando lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 19 (progresividad de los derechos humanos, sin distingo, incluyendo en él al derecho a la defensa), 49 numeral 1 (de disponer del tiempo para ejercer su defensa), y 89 numeral 1 (principio de progresividad de los derechos laborales, en el entendido que el patrono es parte de la relación de trabajo).

Y así mismo el artículo 647 literal d) de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990; el artículo 647 literal d) de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997; y el artículo 638 literal d) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo del año 2011; establecían en cuanto al lapso para promover y evacuar pruebas el presunto infractor, de ocho días hábiles.

Pero con la promulgación de la LOTTT, se estableció una desmejora del derecho a la defensa en contra del presunto infractor –derecho contenido en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, al reducir este lapso probatorio a sólo tres días hábiles según lo previsto en el literal d) del artículo 547 de la citada ley laboral, violando lo establecido en los ya señalados artículos constitucionales.

Si bien es cierto que en materia de procedimiento administrativo existe la flexibilidad probatoria siendo por ende que en este “…procedimiento no opera la preclusividad de los lapsos procesales con la rigurosidad del proceso judicial. En efecto, en el transcurso del procedimiento administrativo las partes pueden presentar las pruebas y los alegatos que consideren pertinentes, siempre que no se haya producido la decisión definitiva” [3], el citado artículo 547 en su literal e) de la LOTTT expresamente señala que dentro de los tres días hábiles siguientes (al vencimiento del lapso probatorio) el funcionario respectivo dictará una resolución motivada declarando la responsabilidad del infractor; por lo que si se suman los tres días hábiles del lapso probatorio del literal d) del artículo 547 eiusdem, y los tres días hábiles para que el funcionario tome la decisión administrativa contenido en el literal e) eiusdem, el lapso probatorio sigue siendo menor al que venía gozando el patrono en las anteriores normas legales -de ocho días hábiles- siendo que aun haciendo uso del referido principio de flexibilidad en materia probatoria, sigue estando en minusvalía el presunto infractor en su derecho a la defensa contrastado con los antecedentes normativos en esta materia.

Luis Mendoza Perez.

Abogado litigante. Especialista en Derecho Penal, Tributario, Administrativo y Laboral. Magister en Gerencia de Empresas. Profesor Universitario de pre y post grado. Autor de once (11) obras jurídicas en materia laboral, de seguridad y salud laboral, y administrativo. Gerente Legal de AMK Seguridad y Salud Laboral C.A. Correo: lemendozap@hotmail.com Celular: (0414) 7006542
[1] Guerra económica es un término que designa un conjunto de acciones encubiertas o disimuladas ejecutadas por diversos actores económicos, por lo general bajo un plan concebido por actores políticos y estrategas militares, combinadas o no con otros métodos de ataque; destinadas a afectar de manera desfavorable el desempeño de una economía nacional, bajo la apariencia de ser consecuencia necesaria de la exclusiva gestión deficiente del respectivo Gobierno Nacional; ubicadas dentro de un marco de actuación de mayor alcance, como uno de los frentes de batalla, en este caso en el desarrollo de las actividades de producción, transporte, intercambio y consumo de bienes y servicios; en el contexto de una guerra abierta o encubierta llevada a cabo por potencias externas, aliadas o no con grupos políticos externos o locales, opositores todos, que financian los costos de esas acciones económicas y que buscan derrocar a dicho Gobierno por cualquier vía, legal o ilegal, de violencia explícita o implícita; con apoyo de medios de propaganda, incluidas las empresas de comunicación social que controlen, para resaltar, magnificar y reforzar las situaciones desfavorables propiciadas por dichas acciones económicas, creando un efecto retroalimentador sobre las expectativas de los actores económicos afectados y socavando el apoyo político del Gobierno de que se trate. (concepto desarrollado por José Gregorio Piña T.). Fuente: http://www.aporrea.org/ tiburon/a173811.html
[2] JURISPRUDENCIA: “En este orden de ideas, juzga la Sala que ciertamente el Inspector del Trabajo del Estado Monagas carecía de competencia para multar a la empresa recurrente por la inobservancia de la normativa contenida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, y en consecuencia, debe declararse la nulidad de los numerales 7, 9, 10, 11 y 12 de la providencia administrativa confirmada por el acto tácito producto del silencio administrativo de la Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social; igualmente, se anula la multa impuesta en el primer punto del dispositivo de dicho acto administrativo, por la presunta infracción de los artículos 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y 793 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo (numeral 7 de la providencia), así como la multa prevista en el segundo punto del mismo, sobre cuya validez se pronunciara la Sala infra, en respuesta a los planteamientos esgrimidos por la sociedad de comercio recurrente. Así se decide”. (Cursivas de la sentencia). (Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09-08-2011, publicada en fecha 10-08-2011, Nº 01100, Magistrado ponente Levis Ignacio Zerpa, caso GROUP 4 SECURICOR G4S, C.A., contra MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, disponible en la página Web del TSJ).

JURISPRUDENCIA: “Por lo que respecta a la presunción grave del buen derecho invocado, observa este Juzgador, que el acto administrativo recurrido corresponde a una serie de órdenes emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira, referida al incumplimiento de requerimientos realizados por la Unidad de supervisión del Ministerio del Trabajo y otras tales como ausencia de capacitación e información por escrito al trabajador de las condiciones inseguras de trabajo y ausencia de exámenes médicos ocupacionales, en tal sentido, en criterio de quien suscribe el presente fallo, al haber impuesto el ente de la administración pública multas por el incumplimiento de esos requerimientos, pudiera estar invadiendo competencias propias de otro órgano de la administración pública, en consecuencia, con dicha actuación se considera primero, que existe presunción grave del derecho invocado, segundo, que existe fundado temor que el acto administrativo pueda causar lesiones de difícil reparación (más aún cuando se otorgó un lapso perentorio para el pago) y tercero, se evidencia que existe prueba de lo anterior, por tal motivo considera este Juzgador, procedente acordar una medida de suspensión de efectos del acto administrativo hasta tanto se resuelva el fondo de la presente controversia”. (Sentencia del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo para Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira de fecha 20-12-2013, expediente N° SP01-L-2013-000774, cuaderno separado Nº SH02-X-2013-000052, caso REPUESTOS Y LUJOS EL CÓNDOR S.A. (co-apoderado judicial abogado Luis Eduardo Mendoza Pérez) contra acto administrativo de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO CIPRIANO CASTRO DEL ESTADO TÁCHIRA, disponible en la página Web del TSJ).
[3] Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 22-11-2006, publicada en fecha 28-11-2006, Nº 02673, expediente Nº 2005-0217, Magistrada Ponente Evelyn Marrero Ortíz, caso SOCIEDAD WILLIAMS ENBRIDGE & COMPAÑÍA (SWEC), contra Resolución dictada por el MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS.